El TSJ de Castilla-La Mancha advierte que los poderes Legislativo y Ejecutivo no pueden interponerse en las decisiones de los jueces
Afirma que el debate político parlamentario sobre el alcance de una resolución judicial que todavía no es firme puede inducir a confusión a la opinión pública sobre los órganos a los que corresponde la función jurisdiccional.
http://diariodenoticias.laley.es/vaps/generico/newsletter/newsletter.cfm?doc=./ne0000049399_20090629.html
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
La independencia judicial es un elemento esencial de un Estado de Derecho como el nuestro, la Constitución pone de manifiesto que sin esa independencia judicial no se cumplen las garantías constitucionales que poseen los ciudadanos, no cabrá en ningún caso influencia por parte de otros poderes ya sea el legislativo o el ejecutivo, el art. 13 de la LOPJ enuncia: "todos están obligados a respetar la independencia de Jueces y Magistrados" y eso incluye a los órganos principales del Estado. El Ministerio Fiscal debería tomar las medidas pertinentes para la defensa de esta necesaria independencia.
ResponderEliminarBibián
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarLa decisión del Tribunal Supremo de Castilla-La Mancha, define que no son competencias del poder legislativo ni del ejecutivo entrometerse en contenidos de ejecución, porque para ello, se encarga el poder judicial, es decir, los jueces son los únicos encargados de juzgar y ejecutar lo juzgado y no lo puede hacer otro poder que no sea competente para ello.
ResponderEliminarQuizás, sea el debate político mantenido sobre el alcance de una resolución judicial que ni siquiera todavía es firme, lo que puede llevar a confusión en los ciudadanos sobre las competencias de poderes.
La separación de poderes, con gran carga histórica, debe respetarse para el buen funcionamiento del Estado de Derecho español. Si esto no es así, pueden aparecer nuevos conflictos innecesarios entre los poderes y no se podrán solucionar los realmente importantes, por lo que cada poder debe respetar las competencias de los otros poderes y realizar las suyas correctamente.
Si surge discrepancia entre poderes, es decir, si no se está de acuerdo con lo decidido por los jueces, existe una vía judicial para solucionarlo. Para llevarlo a cabo, deben seguirse los recursos previstos por las leyes. Por lo que no son válidas las críticas con contenido descalificativo y sin fundamento de ninguna clase, ya que eso no es ejercicio legítimo de derecho.